ALAVA

Tribuna Abierta.
por santiago lesmes zabalegui


ANALIZAR las problemáticas sociales y ambientales en nuestro país resulta poco o nada alentador.
Ciñendo la comparación a la Unión Europea de los 15, poseemos la mayor tasa de precariedad y de
siniestralidad laboral, encabezamos el penoso ranking de incumplimiento del protocolo de Kyoto, y nos
situamos a la cola en cuanto a protección social, lo que significa que el 18% de la población (sobre) viva
por debajo del umbral de la pobreza. Si miramos más allá de nuestras preocupaciones y observamos a
los países empobrecidos, el panorama adquiere una crudeza que sonroja.
La lista sería demasiado extensa y la buena noticia es… precisamente que sea noticia, ya que esta situación
empieza a conformar la agenda política, siendo el consumo responsable una de las propuestas más significadas.
"Es la economía estúpidos", fue una célebre frase de Bill Clinton en la carrera presidencial y que nos da la pista -sin ánimo de ofender- para entender su sentido, ya que abordar cualquier solución, sea local o global, sin intervenir en el mercado
y la economía, supondrá un fracaso desde el mismo punto de partida.
La sostenibilidad no es una competencia exclusiva, y otra de sus virtudes se basa en la multiplicidad de agentes
que podemos consumir con responsabilidad: ciudadanos y ciudadanas, Administraciones Públicas y las propias
empresas, con lo cual respondemos ya a la pregunta del título. El concepto clave es la corresponsabilidad,
y mediante el consumo podemos establecer sinergias entre todas las partes, acercándonos a la idea del territorio
socialmente responsable.
No somos espectadores acríticos, sino que la sociedad podemos producir significativos cambios actuando como
consumidores. Baste citar que según el Informe Fonética 2006, nueve de cada diez consumidores dejarían de
comprar a compañías socialmente reprochables y que un 61 por ciento es proclive a adquirir productos responsables.
Lamento decir que esta encuesta refleja más intenciones que prácticas, pero es cierto que se trata de un creciente
aviso a navegantes.
El segundo desafío lo encontramos en un verdadero despliegue de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Necesitamos empresas que no limiten su finalidad al lucro, sino involucradas en las condiciones laborales, el
medioambiente, la igualdad de oportunidades, la erradicación de la pobreza o el desarrollo local.
Está demostrado que las empresas responsables mejoran su reputación e imagen de marca, fidelizan y acceden
a nuevos clientes e inversores, retienen y captan el talento profesional, e incrementan la productividad debido a la
satisfacción de sus trabajadores. En consecuencia es lógico que las empresas actúen responsablemente en su política
laboral, en la exigencia de estándares de derechos humanos a sus proveedores, y que contraten o subcontraten
productos y servicios con empresas de inserción y solidarias o de comercio justo. ¿Asumen las empresas la RSE por
marketing o por convicción? Sinceramente no tengo un polígrafo y no debiera interesarnos tanto la respuesta como
los beneficios que para la sociedad supone la existencia o no de empresas responsables.
Y llegamos al tercer elemento: la Administración Pública es el consumidor con mayor influencia sobre el mercado,
cuya contratación de obras, bienes y servicios supone un 16% del PIB. Considerando esta importancia y las exitosas experiencias, resulta obvia la utilización de la contratación pública con criterios sostenibles, como así lo ha recogido
la normativa pública de contratos, o el Congreso de los Diputados: "La compra y contratación públicas deben ser
claras herramientas para impular la RSE, enviando señales al mercado de que serán reconocidas y premiadas las
empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social".
El enfoque consiste en conjugar la salvaguarda de principios como la libre concurrencia, con otros de carácter ético
y solidario en los procesos de licitación. Aunar unos y otros, lejos de resultar incompatible es racional, sinérgico e
incluso rentable económicamente. Imaginemos como ejemplo que los contratos públicos exijan o valoren la eficiencia energética, la contratación de personas con discapacidad, la estabilidad laboral o la perspectiva de género.
En suma, proponemos incorporar criterios éticos en la cadena de contratación: ciudadanos sensibilizados que
premian o ignoran a las empresas según su comportamiento, administraciones públicas que consideran el beneficio
social en la adjudicación de sus contratos, y empresas implicadas en las prioridades sociales de los grupos de interés
con los que interactúan. Si hace veinte años así se expandió la cultura de la calidad, es el momento de desarrollar
la calidad social y ambiental.