RSC. BANCAJA REDUJO EN UN 7% LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN 2006

MADRID, 26-ABR-2007

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El gobierno estudia un Consejo Estatal de RSE

El secretario general de Empleo de España, Antonio González, afirmó que el Gobierno 'tiene la intención de crear' un Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) y espera que esta propuesta sea una de las conclusiones finales del grupo de trabajo sobre RSE. El Gobierno prepara una norma que incentive el compromiso de las empresas con su entorno. El texto exigirá a las compañías receptoras de ayudas públicas que cumplan determinados preceptos sociales y establecerá incentivos económicos para las que acrediten buenas prácticas. El Gobierno negocia la nueva norma con sindicatos y empresarios.
Antonio González hizo estas declaraciones al término de la sesión de constitución del grupo de trabajo sobre responsabilidad social de las empresas.

Dicho grupo está conformado por las organizaciones empresariales, sindicales y el Gobierno, y el secretario general de Empleo explicó que espera que las conclusiones de esta iniciativa de diálogo social se puedan presentar antes de finales de año.
En este primer encuentro se puso en común toda la documentación disponible por cada una de las partes, a las que se emplazó a proponer un índice temático que se consensuará en la próxima reunión, prevista para principios de abril.

El objetivo del grupo de trabajo, dijo Antonio González, es el de 'consensuar entre las tres partes un conjunto de medidas y propuestas que puedan inspirar las políticas de responsabilidad de las empresas'.

El grupo se ha formado según la acordado en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de Diálogo Social, que apostó por 'estudiar y definir las bases sobre las que se establecerían fórmulas de colaboración entre los interlocutores sociales', así como 'los cauces de participación institucional' de los agentes en esta materia, añadió el secretario general.

Además, Antonio González aseguró que en breve se constituirá el grupo tripartito para los servicios públicos de empleo, donde se discutirán 'las cuestiones derivadas de la potenciación y modernización de los servicios públicos de empleo', así como 'el estudio de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo y en la intermediación laboral'.

Este grupo de trabajo se encargará también de estudiar las recomendaciones de la Ley de la Mejora y el Crecimiento del Empleo al Diálogo Social y al Gobierno.

Producir y vender es algo más que una actividad económica, tiene también implicaciones sociales. Para concienciar a las empresas y a los consumidores de la incidencia que tienen en la sociedad y el medio ambiente las decisiones que adoptan, el Gobierno prepara una norma que incentive el compromiso de las empresas con su entorno. El texto exigirá a las compañías receptoras de ayudas públicas que cumplan determinados preceptos sociales y establecerá incentivos económicos para las que acrediten buenas prácticas. El Gobierno negocia la nueva norma con sindicatos y empresarios.

La responsabilidad social, un concepto cada vez más de moda, tiene poco predicamento en España. Por ello, el Ejecutivo pretende que haya una norma lista para mediados de año. Algunas empresas comienzan ya a exhibir buenas conductas relativas al medio ambiente, pero el impacto es muy limitado. En gran parte por falta de exigencia de los propios consumidores. 'Los ciudadanos desconocen qué es la responsabilidad social de las empresas y qué alcance de futuro tiene la discusión sobre las nuevas responsabilidades que las empresas pueden asumir', admite el Ministerio de Trabajo en un documento que servirá de borrador para la futura norma.

Este departamento lidera un proceso en el que participan otros seis ministerios. Tras recabar la opinión del Congreso de los Diputados y de un foro de expertos, Trabajo ha iniciado conversaciones con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO para incorporar sus aportaciones. Ya se ha mantenido una reunión y se ha programado otra para el 10 de abril.

La patronal, en principio, no es partidaria más regulaciones, por lo que el debate puede resultar complejo. Pero el Gobierno tiene intención de sacar adelante su iniciativa: 'Cuanto mayor acuerdo, mejor. Pero si no se produjese, el Gobierno va a tomar una decisión de todas maneras', advierte Juan José Barrera, director general de Economía Social. Trabajo no pretende fijar medidas obligatorias a todas las empresas, pero las que se comprometan a cumplir con la sociedad tendrán que acreditarlo. También las subvencionadas. Éstos son los principales aspectos de la norma, que no necesariamente acabará en ley, según Barrera.

- Empresas prioritarias. No todas las sociedades tendrán la misma obligación de ser socialmente responsables. Esta idea, que implica desde limitar prácticas lesivas con el entorno hasta promover la igualdad o contratar a colectivos desfavorecidos, se exigirá con mayor ahínco a las empresas que reciban subvenciones o cualquier tipo de ayudas públicas. También a las exportadoras, por su proyección exterior. Además, las que se comprometan a hacerlo deberán acreditar que cumplen con esas exigencias sociales.

- Incentivos. Trabajo aún no tiene claro cómo se estimulará a las empresas para que se decidan a ser socialmente responsables. Es probable que se fijen incentivos económicos, como los que fomentan el empleo de sectores poco representados o desfavorecidos, pero están por concretar.

- 'Pymes'. Las pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del tejido productivo español, por lo que es necesario que el mensaje de la responsabilidad cale en este segmento. Por ello propone desarrollar políticas específicas para las pymes.

- Ejemplo desde el sector público. La Administración pública quiere predicar con el ejemplo. Los principios de responsabilidad se integrarán en 'los propios sistemas de gestión [de las administraciones] y en las relaciones con terceros', según el documento de Trabajo.

- Consejo consultivo. El Ejecutivo pretende contar con un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas que asesore al Gobierno y elabore informes periódicos sobre la actuación de las empresas. El consejo lo integrarán representantes de los empresarios, los sindicatos, las administraciones y la sociedad civil.

- Educación al consumidor. Para conseguir que sean los propios ciudadanos los que reclamen esas prácticas sociales, el Ejecutivo impulsará la creación de un portal en Internet que divulgue las medidas que se adopten en España, en la Unión Europea y en otros países.

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El Parlamento estudia crear un Defensor del Pueblo de la RSE

El Pleno del Parlamento Europeo adoptó la semana pasada un informe por el que recomienda a las empresas incluir consideraciones sociales y medioambientales en su funcionamiento diario. El trabajo urge a las empresas "a transformar las palabras en acciones concretas". El Parlamento sugiere la posibilidad de nombrar un defensor del pueblo europeopara RSC. El documento critica la indefinición conceptual que hay entre las empresas acerca del alcance de la RSE, aunque resguarda su carácter voluntario.

Es la Responsabilidad Social Corporativa, que contribuiría a alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo establecidos en la Agenda de Lisboa y ayudaría a crear una situación ventajosa para todas las partes: trabajadores, compañías, consumidores y ciudadanos.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC)supone que las empresas, de forma voluntaria, asuman responsabilidad directa sobre el impacto social y medioambiental causado por su actividad. Así, las compañías no sólo serían responsables ante sus empleados sino también ante el resto de sectores implicados de algún modo en su actividad, como inversores, consumidores o grupos ecologistas. El objetivo de fondosería dar respuesta a los nuevos retos planteados por la globalización económica, el desarrollo sostenible y el modelo social europeo.

El informe parlamentario, elaborado por el eurodiputado diputado socialista británico Richard Howitt en respuesta a una comunicación de la Comisión sobre RSCde 2006, urge a las empresas "a transformar las palabras en acciones concretas". Para Howitt, la RSC sólo puede funcionar si se adopta un enfoque multi-sectorial queestablezca estándares internacionales y realice un seguimiento y verificación independientes.

El texto realiza, además,una serie de recomendaciones para poner enpráctica de la RSC. Así, apela al establecimiento de criterios concretos que las empresas deben cumplir y propone la obligatoriedad de presentar informes de impactoambiental y social. En esta línea, el Parlamento Europeo (PE) no descarta la posibilidad de nombrar un defensor del pueblo europeopara RSC, que se encargaría de investigar los temas relacionados con estas prácticas a petición de las empresas o de cualquier otro grupo. En cualquier caso, la Eurocámaraplantea unenfoque voluntario hacia estas prácticas.

No haber logrado aún una aclaración sobre lo que es realmente la RSC, junto con el frecuente uso en su lugar del concepto de ir más allá en el cumplimiento, 'permite a algunas empresas afirmar que dan pruebas de responsabilidad social a la vez que violan la legislación local o internacional'.

La respuesta comunitaria a la RSC partió de la Comisión a mediados de los años 90 con el objetivo de luchar contra la exclusión social. Así, en 1993 la institución realizó una llamada de atención sobre la materia al mundo empresarial en su libro Blanco (documento que propone acciones concretas en política comunitaria) sobre el crecimiento y el empleo.

En 1999, el Parlamento aprobó una resolución sobre la materia por la que reclamaba el establecimiento de un código de buenas prácticas vinculante que regule la actividad de las empresas europeas en términos ambientales y de respeto a los derechos laborales y humanos en todo el mundo. A esto se sumó el apoyo del Consejoa la inclusión dela RSC como parte de la llamada Estrategia de Lisboa, que pretende hacer de Europa la economía más competitiva del mundo en 2010.

En octubre de 2006, la Eurocámara organizó una audiencia sobre responsabilidad social de las empresas; poco después, la Comisión instaba a las empresas europeas a "situarse a la vanguardia de la excelencia" en materia de RSC.

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Liberty Seguros potencia RSC en empresa con publicación Libro Blanco

Liberty Seguros ha impulsado la apuesta de la aseguradora por la responsabilidad Social Corporativa con la publicación de un "libro blanco" sobre la política que en este ámbito mantendrá la aseguradora y en la que su programa de seguridad vial y la Transparencia son dos de las principales líneas de acción.

Así lo puso hoy de manifiesto el presidente del grupo asegurador, Luis Bonell, en la presentación del libro y de las bases de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la compañía.
Los principales focos de actuación en RSC estarán centrados en el desarrollo del buen gobierno corporativo, la transparencia en todos los procesos de la compañía, el desarrollo de proyectos de acción social entre los que se enmarca el "Programa de Seguridad Vial" de Liberty Seguros, así como en las buenas prácticas empresariales.
Según Bonell, "el desarrollo del Programa de Responsabilidad Social Corporativa es un paso más en la apuesta de Liberty Seguros por la excelencia en sus servicios y en la relación con todos sus públicos y con la sociedad en general".
Bonell recordó que Liberty siempre ha estado "a la vanguardia" en cuestiones de RSC y valoró que hace dos años el grupo ya cumplía con el 70 por ciento de los indicadores del "Global Reporting Initiative (GRI)", el máximo reconocimiento que puede obtener una memoria de responsabilidad social.
Según se indica en el libro blanco, la empresa quiere "generar confianza entre los grupos de interés a través del diálogo, el compromiso, la transparencia, la excelencia en el servicio al cliente y una práctica innovadora y competitiva".
El Grupo Liberty Seguros obtuvo un beneficio neto de 75,2 millones de euros durante 2006, un 26,8 por ciento menos que en el año precedente, mientras que el volumen de primas se elevó a 858,5 millones, un 3,8 por ciento más, según informó hoy la aseguradora.
Por su parte, su filial Génesis logró un beneficio neto de 15,1 millones de euros.

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Sindicatos. La regulación de las prácticas de RSE

ComunicaRSE presenta un documento elaborado por la Secretaría de Acción Sindical de la central de los trabajadores españoles, CCOO, en el cual analizan los requisitos que debería tener una regulación de las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria. Según la central obrera, la RSE no puede quedar, en exclusiva, en manos de la lógica de la iniciativa privada y, por ello, es necesaria una iniciativa política que atienda la cuestión de su regulación. En opinión de los expertos y de todos aquellos que se sumergen en el campo de la responsabilidad social de las empresas, su regulación es, sin duda, una de las cuestiones que mayor controversia levanta. Unos, porque entienden que es irreconciliable con su carácter voluntario y, otros, porque sin regulación la RSE carece de credibilidad y de rigor. Partiendo de la premisa de que los impactos de las empresas en su entorno y en aspectos tales como: territorio, empleo, cohesión social y medioambiente, y en tanto que factores considerados como bienes públicos, la RSE no puede quedar, en exclusiva, en manos de la lógica de la iniciativa privada y, por ello, es necesaria una iniciativa política que atienda la cuestión de su regulación. Hablamos de una regulación no exhaustiva, de un marco jurídico básico, orientador e impulsor de las prácticas de responsabilidad social que, teniendo en cuenta nuestras propias realidades como país, impida el libre albedrío de prácticas carentes de credibilidad y de proyecto, al tiempo que clarifica y delimita el terreno de juego y evita el mercadeo terminológico que está siendo el mejor amarre para las prácticas engañosas y de marketing de la RSE. Se trataría de establecer los pilares básicos, los mínimos y las líneas maestras por donde han de trazarse los itinerarios de responsabilidad social, tanto para las iniciativas privadas como para las políticas públicas. Y se trataría de hacerlo sin añadir trámites y procesos burocráticos que disuadan a las empresas y a las organizaciones de asumir compromisos. Un marco de estas características debería empezar por contextualizar las prácticas de RSE en España insertándolas y comprometiéndolas con el modelo social europeo. En ese sentido, y siguiendo las elaboraciones públicas a nivel de la Unión Europea, fomentar la RSE refleja la necesidad de defender valores comunes y aumentar el sentido de la solidaridad y la cohesión, a la vez que pide a las empresas un compromiso público con el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la creación de mejores empleos. Y, como señala la Comisión, "Europa no necesita empresas sin más, sino empresas socialmente responsables, que asuman su cuota de responsabilidad en la marcha de los asuntos europeos". El trabajo que ha realizado la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados sobre RSE, que es un trabajo muy importante, ha de servir para orientar la tarea regulatoria que debe emprenderse. El mismo Congreso de los Diputados se planteaba la pregunta: ¿está justificada la iniciativa de los Gobiernos en un ámbito en el que el liderazgo reside en la propia sociedad, y más en concreto, en las propias empresas y donde la voluntariedad constituye una nota definitoria de esta aproximación?, y la respuesta fue que si. En cualquiera de los casos, lo que se haga, no deberá tener una vocación agotadora de las posibilidades de la RSE. Se trataría, al menos, de establecer las premisas fundamentales y líneas básicas en las cuales han de conducirse y enmarcarse las iniciativas y procedimientos por donde deba circular la RSE. En términos coloquiales diríamos que, en ausencia de carreteras, ahora tenemos los coches circulando por el campo. Ámbitos y contenidos susceptibles de identificarse con prácticas de RSE Trabajadores -Condiciones de trabajo y derechos. -Cumplimiento y respeto a los resultados de la negociación colectiva. -Aspectos vinculados al respeto a la dignidad de los trabajadores y al derecho a la no discriminación. -Mejores prácticas laborales; Igualdad de oportunidades; conciliación; formación y carrera profesional. -Derechos de Sindicales y participación. -Seguridad y calidad del empleo. -Salud laboral y seguridad en el trabajo. -Integración de colectivos con dificultades. -Sistema de participación de los trabajadores en la RSE. -Informe sindical en el reporte de RSE Proveedores -Garantía de RSE en la cadena de suministro y trazabilidad social de producto. -Fomento de acuerdos sobre RSE entre empresas colaboradoras. Accionistas y Gobernanza -Sistema fiable de información -Transparencia económica. -Código de conducta. Atención a clientes -Transparencia e información. -Garantía de cumplimiento de la oferta y la contratación. -Calidad en los procesos de elaboración de producto o prestación del servicio. -Sistema de reclamaciones. Ámbito local -Medidas de desarrollo económico. -Promoción socio-cultural. -Colaboración en infraestructuras. -Colaboración con las administraciones e instituciones públicas. -Medio ambiente. -Programa y plan de emisiones. -Política de residuos y reciclaje. -Fomento y compromisos por el uso de energías renovables. -Ecoeficiencia. -Formación medioambiental. -Fomento de la I+D+i de procesos productivos menos contaminantes. -Información y promoción de las políticas medioambientales de la empresa. Otros -Promoción de sistemas y vías de diálogo con los grupos de interés. -Colaboración en el cumplimiento de la normativa vigente por parte de terceros (proveedores, clientes) -Promoción de la integración social de los colectivos con mayores dificultades. -Participación en proyectos de mejora de interés general. -Sistema de medición y de reporte que garantice la credibilidad de las actuaciones. -Sistema o modelo de certificación Social. -Registro de Agencias autorizadas para la certificación. -Registro Público de Empresas con prácticas contrastadas de RSE. Marzo de 2007

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RSC.- El fabricante de electrodomésticos Miele publica en formato electrónico su Informe 2006 de Sostenibilidad

Miele defiende un año más el mantenimiento de una política de responsabilidad cuyo eje fundamental es el respeto al Medio Ambiente
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Grupo Miele acaba de publicar en España su nuevo Informe 2006 en materia de Sostenibilidad y Responsabilidad Medioambiental, editado en formato electrónico por razones "ecológicas y económicas", según explica la compañía a través su página web.
El Informe, el tercero que publica el fabricante de electrodomésticos después de los de 2004 y 2005, recoge "el riguroso cumplimiento de la normativa legal vigente en todos los centros de producción y filiales del Grupo", que cuenta con ocho plantas de fabricación en Alemania, además de plantas en Austria, Chequia y China.
El documento hace hincapié en uno de los pilares fundamentales de la empresa --con sede en Gütersloh (Alemania)--: la protección del Medio Ambiente. En este sentido, el Informe especifica que el principal objetivo de la compañía es "fabricar y comercializar productos duraderos del más alto nivel de calidad, con procedimientos respetuosos, tanto en términos económicos como ecológicos, que no sólo ofrezcan un alto nivel de rendimiento, eficiencia y seguridad, sino que también produzcan el menor impacto medioambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida".
Por este motivo, durante todo el proceso de producción, "se evitará en la medida de lo posible la generación de emisiones y de residuos, y se reducirán allí donde sea inevitable producirlos".
La compañía también ha manifestado su compromiso con los intereses sociales de sus empleados, que se traduce en el cumplimiento de la normativa laboral, extensible a sus proveedores.
Miele, una de las 2.900 compañías de todo el mundo que han suscrito el Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible, firmó en 2005 su adhesión al Código de Conducta de la Asociación Europea de Fabricantes de Electrodomésticos (CECED). En próximas fechas, tiene prevista la obtención de la certificación de su Sistema de Responsabilidad Social conforme a las normas de evaluación social SA 8000.
MEJOR EMPRESA EN ALEMANIA
Coindiendo con la presentación del Informe, Miele acaba de recibir el galardón 'Best Brand 2007' que le reconoce como mejor empresa en Alemania. El fabricante de electrodomésticos se impuso en la final a Google y Porsche, que quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente.
Estos Premios se conceden como resultado de un estudio de mercado que valora criterios como el éxito de la marca en el mercado y su reconocimiento y prestigio entre los consumidores.
Este galardón, organizado y avalado por Serviceplan, GfK, SevenOne Media, el semanario económico 'WirtschaftsWoche', la Asociación de Marcas Alemanas y la agencia de media-marketing GWP, es el más prestigioso de la industria alemana de bienes de consumo.
El Grupo Miele está presente en los cinco continentes, posee 37 filiales propias e importadores en 120 países. Creada hace más de cien años, sigue trabajando con el lema 'Mejorando siempre'.

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Ramón Jáuregui señala el consumo responsable como uno de los principales impulsores de la RSE

Ramón Jáuregui señala el consumo responsable como uno de los principales impulsores de la RSE

El responsable de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el fomento de la RSC, Ramón Jáuregui (PSOE), apuesta por el consumo responsable y la actitud de los consumidores ante el comportamiento de las empresas como 'uno de los principales impulsores de la RSE', según se desprende de las respuestas redactadas por el diputado durante su participación en el Foro 'on line' en la web 'www.cooperacionsolidaria.org'.
En un documento de conclusiones sobre sus respuestas, Jáuregui aclara a un internauta cómo ser responsable a la hora de ejercer su derecho a elección y compra y si de verdad existen opciones para serlo, o qué criterios se deben seguir, ya que, a su juicio, 'hay demasiadas etiquetas y, por lo tanto, demasiada confusión para que el consumidor perciba una imagen clara de quién es responsable y quién no lo es'.

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Tribuna Abierta. Consumo responsable: ¿responsabilidad de quién?

Martes 13 de marzo de 2007 PAmplona
por santiago lesmes zabalegui
ANALIZAR las problemáticas sociales y ambientales en nuestro país resulta poco o nada alentador. Ciñendo la comparación a la Unión Europea de los 15, poseemos la mayor tasa de precariedad y de siniestralidad laboral, encabezamos el penoso ranking de incumplimiento del protocolo de Kyoto, y nos situamos a la cola en cuanto a protección social, lo que significa que el 18% de la población (sobre)viva por debajo del umbral de la pobreza. Si miramos más allá de nuestras preocupaciones y observamos a los países empobrecidos, el panorama adquiere una crudeza que sonroja.
La lista sería demasiado extensa y la buena noticia es… precisamente que sea noticia, ya que esta situación empieza a conformar la agenda política, siendo el consumo responsable una de las propuestas más significadas. "Es la economía estúpidos", fue una célebre frase de Bill Clinton en la carrera presidencial y que nos da la pista -sin ánimo de ofender- para entender su sentido, ya que abordar cualquier solución, sea local o global, sin intervenir en el mercado y la economía, supondrá un fracaso desde el mismo punto de partida.
La sostenibilidad no es una competencia exclusiva, y otra de sus virtudes se basa en la multiplicidad de agentes que podemos consumir con responsabilidad: ciudadanos y ciudadanas, Administraciones Públicas y las propias empresas, con lo cual respondemos ya a la pregunta del título. El concepto clave es la corresponsabilidad, y mediante el consumo podemos establecer sinergias entre todas las partes, acercándonos a la idea del territorio socialmente responsable.
No somos espectadores acríticos, sino que la sociedad podemos producir significativos cambios actuando como consumidores. Baste citar que según el Informe Fonética 2006, nueve de cada diez consumidores dejarían de comprar a compañías socialmente reprochables y que un 61 por ciento es proclive a adquirir productos responsables. Lamento decir que esta encuesta refleja más intenciones que prácticas, pero es cierto que se trata de un creciente aviso a navegantes.
El segundo desafío lo encontramos en un verdadero despliegue de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Necesitamos empresas que no limiten su finalidad al lucro, sino involucradas en las condiciones laborales, el medioambiente, la igualdad de oportunidades, la erradicación de la pobreza o el desarrollo local.
Está demostrado que las empresas responsables mejoran su reputación e imagen de marca, fidelizan y acceden a nuevos clientes e inversores, retienen y captan el talento profesional, e incrementan la productividad debido a la satisfacción de sus trabajadores. En consecuencia es lógico que las empresas actúen responsablemente en su política laboral, en la exigencia de estándares de derechos humanos a sus proveedores, y que contraten o subcontraten productos y servicios con empresas de inserción y solidarias o de comercio justo. ¿Asumen las empresas la RSE por marketing o por convicción? Sinceramente no tengo un polígrafo y no debiera interesarnos tanto la respuesta como los beneficios que para la sociedad supone la existencia o no de empresas responsables.
Y llegamos al tercer elemento: la Administración Pública es el consumidor con mayor influencia sobre el mercado, cuya contratación de obras, bienes y servicios supone un 16% del PIB. Considerando esta importancia y las exitosas experiencias, resulta obvia la utilización de la contratación pública con criterios sostenibles, como así lo ha recogido la normativa pública de contratos, o el Congreso de los Diputados: "La compra y contratación públicas deben ser claras herramientas para impular la RSE, enviando señales al mercado de que serán reconocidas y premiadas las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social".
El enfoque consiste en conjugar la salvaguarda de principios como la libre concurrencia, con otros de carácter ético y solidario en los procesos de licitación. Aunar unos y otros, lejos de resultar incompatible es racional, sinérgico e incluso rentable económicamente. Imaginemos como ejemplo que los contratos públicos exijan o valoren la eficiencia energética, la contratación de personas con discapacidad, la estabilidad laboral o la perspectiva de género.
En suma, proponemos incorporar criterios éticos en la cadena de contratación: ciudadanos sensibilizados que premian o ignoran a las empresas según su comportamiento, administraciones públicas que consideran el beneficio social en la adjudicación de sus contratos, y empresas implicadas en las prioridades sociales de los grupos de interés con los que interactúan. Si hace veinte años así se expandió la cultura de la calidad, es el momento de desarrollar la calidad social y ambiental

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